El año 2025, como cabía esperar al no haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado, ha comenzado con la entrada en vigor de una enfarragosa y dispersa normativa legal (ómnibus) publicada en el año 2024 y entre la que cabe destacar la siguiente:

- Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social.

- Real Decreto-ley 10/2024, de 23 de diciembre, para el establecimiento de un gravamen temporal energético durante el año 2025.

- Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo.

Con fecha 24 de diciembre de 2024, se publicó el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social aprobado por el Gobierno. Dicha normativa, que merece una lectura exhaustiva de la misma, se incluyen medidas tributarias diversas que afectan a varios impuestos, que se desarrollan en el Título II Medidas Tributarias y en materia de financiación territorial.

Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en lo que respecta al Impuesto sobre el Incremento de Valor del Terreno de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en su artículo 108.4., recoge que los Ayuntamientos podrán regular una bonificación de hasta el 95% en la cuota íntegra del impuesto, entre otras, en la trasmisión de vivienda realizada a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges, los ascendientes y adoptantes.

Para no mermar las recaudaciones que llevan a cabo por este impuesto la mayoría de los Ayuntamientos, en sus Ordenanzas Fiscales limitan ya no sólo el importe del 95%, sino también lo condicionan al valor catastral de la vivienda y por supuesto, y principalmente, que la misma sea la residencia habitual del causante, por lo que para el supuesto que dicho causante fallezca en una residencia geriátrica será dicho domicilio el que el Ayuntamiento designe como su último domicilio habitual, lo que causa una grave indefensión y un empobrecimiento injusto para aquellos familiares que se han adjudicado dicha vivienda en el cuaderno particional. 

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha puesto a disposición de los contribuyentes, la información necesaria a través del portal www.agenciatributaria.es, para llevar a cabo todos los procedimientos y formalidades dentro de la cronología, según la Orden HAC/265/2024, de 18 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2023, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención o puesta a disposición, modificación y confirmación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o por asistencia telefónica. Como otros años estaremos atentos a todas aquellas noticias y novedades, que creamos interesantes para nuestros usuarios, publicándolas en nuestro portal, y así mismo, elaboraremos nuestros propios artículos, en especial referidos a la compraventa de vivienda, haciendo especial incidencia a la Vivienda Protegida.

El Consejo de Ministros ha aprobado el 27 de diciembre, en su última reunión, el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía firmado por el Presidente del Gobierno, adoptando una serie de medidas "ómnibus" en el que fundamentalmente prioriza la sostenibilidad de las finanzas públicas frente a las medidas de carácter social que se prorrogan o que en otros casos desaparecen.