Comprobación de Valores: HOUSTON, tenemos un problema.

Nosotros hoy día, y referido a las comprobaciones de valores, que llevan a cabo las Administraciones Tributarias, entiéndase, Agencia Estatal Tributaria, y las Agencias Tributarias Autonómicas, también podríamos pronunciar la famosa frase "HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA".Si ya el artículo 57 comprobación de valores, de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, modificado por la Ley36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, deja un amplio margen para que las Administraciones Tributarias respectivas, puedan elegir los medios que entiendan más favorables para su intereses, siempre y cuando que se atuvieran a una justificación debidamente motivada, todo puede cambiar con la Sentencia de 7 de diciembre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se fija la siguiente doctrina legal: «La utilización por la Administración Tributaria del medio de comprobación de valores previsto en el apartado g) del artículo 57.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria («Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria»), en la redacción dada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, no requiere ninguna carga adicional para aquélla respecto a los demás medios de comprobación de valores , por lo que no viene obligada a justificar previamente que el valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas coincide con el valor ajustado a la base imponible del impuesto, ni la existencia de algún elemento de defraudación que deba corregirse», esta sentencia ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, el jueves 8 de marzo de 2012.

Acompañamos también para su conocimiento la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Sala de lo Contencioso, Sede Coruña, nº 2290/2010, que fue la que recurrió el abogado del Estado en casación en interés de Ley.

Recordemos que a efectos de comprobación de valores, las Administraciones Tributarias Autonómicas, en su mayoría tienen fijadas una norma positiva (instrucciones, órdenes, resoluciones), en la que fijan la metodología y los cálculos para hallar el valor mínimo que debe ser fijado en los documentos públicos de trasmisión, para estimar el valor real de los bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los impuestos ITP, AJD, ISD, como puede ser el valor catastral por coeficientes, precios medios fijados por estudio de mercado, estudios técnicos y estadísticos, pudiendo las restantes Comunidades Autónomas, fijar por cualquiera de los métodos establecidos en el artículo 57 comprobación de valores, de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, los valores reales de los bienes trasmitidos.

Esta situación no pasa en las comprobaciones de valores que llevan a cabo las Administración Tributaria Estatal, que puede fijar los valores por cualquiera de los medios de comprobación establecidos en el artículo 57 comprobación de valores, de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

Esperemos y confiemos, como está pasando en la actualidad que los Tribunales de Justicia, sigan manteniendo la tesis, de que las Administraciones Tributarias, en lo que respecta a la comprobación de valores, a parte de atenerse en dicho artículo 57 la Ley General Tributaria, tengan también que motivar la elección de ese medio de comprobación de valores, que justifique los valores asignados y comprobados.

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