Para el año que viene continuaremos con nuestra trayectoria de facilitar la relación sobre todo en materia de fiscalidad y urbanismo, entre las Administraciones y el Administrado, para lo que esperamos también vuestra colaboración.

Así mismo, queremos felicitar la Navidad y el Año Nuevo a todos nuestros usuarios, a las webs Oficiales, los Organismos Oficiales e Institucionales, y otras como las webs no oficiales, proyección de sus empresas o de sus despachos de abogados, y otros muchos de una manera desinteresada, nuestra enhorabuena y reconocimiento a la labor que están llevando a cabo día a día.

Pretendemos poner de manifiesto que sí o sí, las oficinas liquidadoras de las Comunidades Autónomas llevarán a cabo liquidaciones complementarias por comprobación de valores por los medios de comprobación del artículo 57.1 de la LGT y referidas a hechos imponibles sujetos a ITP, AJD e ISyD, que estén comprendidas en los siguientes periodos:

A partir del 1 de enero de 2022 los obligados tributarios podrán llevar a cabo la autoliquidación determinando su base imponible según lo dispuesto en la Ley 11/2021, y las Oficinas Liquidadoras de las diferentes Comunidades Autónomas solo emitirán las liquidaciones fijando la base imponible, así mismo con lo dispuesto en dicha normativa, donde prevalecerá el valor de referencia (VR) previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario. 

Las Oficinas Liquidadoras de las Comunidades Autónomas, en su afán recaudatorio, tienen preparada su artillería legislativa publicando la normativa tributaria correspondiente para el año 2021 y anteriores, con el objeto de llevar a cabo la aplicación de los diferentes impuestos, tasas y tributos, tanto cedidos como propios.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública, con su ministra al frente, como autora material y los tecnócratas del Catastro como colaboradores necesarios, han llevado a cabo un complejo entramado de normativa jurídica para que con fecha 1 de enero de 2022 entre en vigor el valor de referencia de mercado para los bienes inmuebles urbanos y rústicos determinando el valor fiscal (base imponible) a efectos de liquidar o autoliquidar, tanto el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISyD) como el Impuesto de Patrimonio (IP), para todos aquellos inmuebles que tengan fijados y pueda ser certificado por el Catastro dicho valor de referencia, el cual ya se puede consultar por los titulares de dichos bienes inmuebles en la Sede Electrónica de Catastro.

Por la importancia que tienen y por el contenido de las mismas, sobre todo en lo que respecta al tema de suelo y vivienda, relacionada con la actualidad inmobiliaria y su fiscalidad, anexamos, las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y Notariados, hoy Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en contestación a los recursos interpuestos contra las calificaciones de los Registros de la Propiedad, Mercantil y Bienes Muebles.

Según recoge la Ley del IVA, en su artículo 20.Uno.20º) y 22º), las entregas inmobiliarias recogidas en los mismos estarán sujetas, pero exentas, por lo que en principio deberían tributar por el impuesto de ITPyAJD en su modalidad de TPO, pero si reúne unos ciertos requisitos, la LIVA permite la renuncia a la exención del IVA de manera que la operación no tributará por TPO, si no por IVA y por AJD (artículo 20.Dos).