06/04/2016

El Tribunal Supremo "dixit": los dictámenes de peritos de la Administración no gozan de presunción de legalidad

Tribunal Supremo de fecha 18 de enero 2016, Nº de Recurso 3379/2014

Nueva Sentencia de los Tribunales y en este caso del Tribunal Supremo de fecha 18 de enero 2016, Nº de Recurso 3379/2014 y en unificación de Doctrina de la que ha sido ponente D. Emilio Frías Ponce, en el que vueve a dar un varapalo a los medios empleados por las Administraciones Tributarias y recogidos en el artículo 57.1. de la LGT, y en este caso, en concreto a las comprobaciones de valores basadas en los dictámenes de los peritos de la Administración.

Desde este portal, siempre hemos manifestado el oscurantismo que rige en los medios de comprobación de valores regulados en el artículo 57.1. de la LGT, para llevar a cabo la liquidación de tributos, y en especial para llevar a cabo las liquidaciones de los impuestos cedidos de las diferentes Comunidades Autónomas (ITP y AJD; ISyD), y en la que las Oficinas Liquidadoras de dichas Comunidades utilizan, como patentes de corso, con un solo fin de un afán recaudatorio y sin adecuarse a la realidad del mercado inmobiliario, que sin lugar a dudas en vez de producir al contribuyente una seguridad jurídica, produce el efecto contrario, una total indefensión jurídica, no sólo a la hora de autoliquidar los impuestos correspondientes, sino también, y en especial, cuando la Administración Tributaria notifica las liquidaciones complementarias acompañadas del expediente de motivación correspondiente.

En este caso, la Sentencia del Tribunal Supremo aludida en nuestro artículo, estima el recurso de casación para unificación de doctrina, interpuesto por un contribuyente que había recibido una liquidación complementaria, basada en un expediente de comprobación de valores mediante dictamen pericial (artículo 57.1.e) de la LGT), y en contestación al letrado de la Junta de Andalucía, fija como doctrina entre sus Fundamentos de Derecho, que los actos administrativos recogidos en los informes y/o dictámenes periciales no alcanzan la presunción de legalidad, aunque las practique un funcionario, debiendo de recoger "de forma concreta los elementos de hecho que justifican la modificación del valor declarado, así como la valoración asignada".....

Tras la publicación de esta nueva Sentencia del Tribunal Supremo, nos reiteramos en la postura que hemos mantenido desde siempre, y es que los obligados tributarios, en especial cuando reciban una liquidación complementaria de comprobación de valores de bienes inmuebles, deben de llevar a cabo en caso de disconformidad, los recursos pertinentes en defensa de sus intereses, suspendiendo, si así lo desean, el pago de dicha liquidación, y no da, en principio, por correcto el expediente de comprobación de valores llevada a cabo por las diferentes oficinas liquidadoras de las diferentes Comunidades Autónomas, usando contra las mismas, los medios y métodos que la propia normativa contempla, y que en muchos casos son desconocidos.

 

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Fuente: www.unproblemadetodos.com
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