07/09/2011

En defensa de la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario (Parte I)

Hoy, 7 de septiembre de 2011, los  medios de comunicación se han hecho eco de la denuncia que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dirigido al Ministerio de Justicia relativa al cobro que notarios y registradores de la propiedad han llevado a cabo, al parecer de manera indebida, desde el año 2007 por los aranceles en las cancelaciones hipotecarias.

www.unproblemadetodos.com siempre se ha mantenido vigilante a la hora de dar respuesta adecuada a cualquier incidencia en la aplicación de la legislación relativa a tributación local, autonómica y estatal y a los organismos públicos y privados. Entre estos se hallan, las Notarías y Registros Inmobiliarios.

Desde que en el año 1989 fueron publicados, mediante Reales Decretos, los aranceles de notarios y registradores, los sucesivos gobiernos de la nación han tenido a bien, como solución más fácil a los problemas de cada momento, fijarse en dichos aranceles, rebajando de forma continuada los mismos.

En este portal se ha publicado que la solución a cualquier tipo de crisis no pasa por rebajar dichos aranceles, ya que los mismos garantizan la prestación y defensa de la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario.

Dejando claro lo anteriormente expuesto entraremos a clarificar algunos aspectos del contenido de la denuncia de la OCU, sobre todo en lo relativo, a los honorarios supuestamente cobrados de forma indebida.

El asunto trae el origen en la publicación de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la ley 2/1981 de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, y otras normas del sistema hipotecario y financiero de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia  por la que se establece determinada norma tributaria. En dicha ley, concretamente en el capítulo V, artículo 10,  que modifica el artículo 8 de la ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de los préstamos hipotecarios, relativos a las escrituras, se regula el coste arancelario de los honorarios registrales de las escrituras de subrogación, novación modificativa y cancelación de los préstamos hipotecarios.

La nueva regulación, con respecto al cálculo de los honorarios notariales, especifica que se aplicarán a los “documentos sin cuantía” los aranceles siguientes (tomando en consideración una escritura de cancelación de préstamo hipotecario, de por ejemplo 10 folios de contenido):

  • Según lo previsto en el artículo 1, anexo I, número 1, letra f) del RD 1426/1989 de 17 de noviembre, modificado la Instrucción de la Dirección General del Registro de Notarios de 22 de mayo de 2002 se devengarán unos derechos de aranceles de 30,05 euros.
  • Según lo dispuesto en el Anexo I, número 4.2, de la misma disposición anterior, 0,60 euros por folio, en cada copia simple que se expida.
  • Y, por último, según lo dispuesto en el anexo I, número 7, los folios de matriz devengarán 3 euros por cada cara escrita a partir del 5º folio inclusive.

De igual manera, con respecto al cálculo de los honorarios registrales, especifica que se aplicarán los aranceles correspondientes al nº 2, “Inscripciones” del anexo I del RD 1427/1989, de 17 de noviembre, modificado la Instrucción de la Dirección General del Registro de Notarios de 22 de mayo de 2002, por el que se aprueba el Arancel de los Registradores de la Propiedad, tomando como base la cifra del capital pendiente de amortizar, con una reducción del 90%.

A nuestro modesto entender, lo que pretendía la ley 41/2007 es bonificar en un 90% los importes que se devengaran por cada inscripción, y según la escala recogida en el nº 2, “Inscripciones” del anexo I del RD 1427/1989, de 17 de noviembre, modificado la Instrucción de la Dirección General del Registro de Notarios de 22 de mayo de 2002, por el que se aprueba el Arancel de los Registradores de la Propiedad, tomando como valor de inscripción el importe del préstamo hipotecario inicialmente formalizado que, una vez cancelado en su totalidad, se llevaba a inscribir registralmente.

Pero la Sentencia nº 643 del TSJM, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8ª, de fecha 24 de junio de 2010, viene a dar un vuelco de 180 grados a la regulación anterior, ya que determina que “… siendo, en el supuesto de autos, el capital pendiente de amortizar 0 y dado que la reducción del 90% del arancel ha de calcularse sobre la cifra de capital pendiente de amortizar, la única interpretación posible es que al ser un derecho (cancelación de un préstamo con garantía hipotecaria) cuyo capital no excede de 6.10,12 €, le será aplicable el arancel de 24,04 € (apartado primero, letra a) del nº 2 del Anexo del Real Decreto 1427/89, de 17 de noviembre…), que ha de ser reducido en el 90% (art. 8.2 de la Ley 2/94 en la redacción dada por el art. 10 de la Ley 41/07), de donde resulta que la minuta es de 2,40€”.

Esto, llevado a un rigor extremo, significa que el arancel que se devengue por toda escritura de cancelación de préstamo hipotecario, sea cual fuere el importe de dicho préstamo, y siempre que acceda al Registro la escritura con cancelación total, será de 2,40 €. A ello habría que añadirle los 6,06 € de derechos de presentación del documento.

¿Será el Tribunal Supremo el intérprete de todo este cúmulo normativo, en cuanto al arancel de los registradores?...

Hasta que eso ocurra, los notarios y registradores tendrán el derecho a elaborar su minuta según lo dispuesto en la Ley 41/2007 y, por otro lado, los consumidores tendrán el derecho a impugnar dichas minutas ante los tribunales; pero nunca se podrá imputar a los primeros la acusación de honorarios abusivos.

Anexos:

 

Fuente: www.unproblemadetodos.com
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