Más bur(r)ocracia para la VPO

Como si no fuera suficiente las leyes, las órdenes, los decretos leyes, tanto de la Administración Estatal como de las Autonómicas, ahora se enganchan al carro de la vivienda protegida los Ayuntamientos. Hoy día en el que los bancos han abandonado a la vivienda protegida, y la iniciativa privada le ha dado la espalda, las Comunidades Autónomas han logrado que los futuros compradores (?), salgan de los Ayuntamientos.
Hasta ahora el proceso de selección previo al sorteo se hacía desde las propias empresas promotoras, que abierto el plazo de solicitud de inscripción recibían la documentación de los futuros adquirentes, para evaluar posteriormente la misma. En un paso más de acaparación de decisión de las Administraciones, a partir de diciembre de este año los Ayuntamientos están obligados a crear los llamados Registros Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, a los cuales se le atribuirán las siguientes funciones:
.- Proporcionar información actualizada que permita a los Ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas adecuar su política de viviendas y suelo.
.- Fijar los mecanismos de selección de los demandantes para la adjudicación de las viviendas protegidas.
Con todos los respetos hacia las personas que demandan viviendas protegidas, entendemos que debemos realizar una diferencia entre las viviendas protegidas de protección pública y las viviendas protegidas de iniciativa privada. Crear un registro en que en principio no se identifique la elección de los adquirentes y se iguale a los mismos, equivale a degradación del mal llamado Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, ya que a nuestro entender la gente lo confundirá con solicitar una vivienda gratis total.
En la actualidad existen en España 8.112 Ayuntamientos y sólo en Andalucía 758, que deberán a partir del día 26 de diciembre de este año, tener listo su Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, y tener preparada la infraestructura necesaria para recibir las solicitudes de demanda.
Desde este portal estaremos atentos a la normativa y la documentación necesaria que se origine para llevar a cabo las solicitudes, y ahora publicamos el borrador de la Orden que en breve verá la luz y cuyo objeto precisamente es regular los (mal) llamados Registro Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
