Como todos conocemos la Junta de Andalucía, tiene cedida la competencia en cuanto a los tipos impositivos de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Y así mismo, la propia Junta de Andalucía lleva a cabo una normativa para dentro de promover una política social de vivienda, aplicar unos tipos de gravámenes reducidos siempre y cuando dicha vivienda se destine a domicilio habitual y el adquirente tenga menos de 35 años o tenga la consideración de persona con discapacidad.

En medio de la polémica suscitada por la presentación de las mociones del Partido Socialista Obrero Español y de Izquierda Unida, afines a los sindicatos UGT y CCOO, respectivamente, para que la Iglesia pague el IBI, exento por Ley, de los inmuebles destinados al Apostolado, Clero, Oración y Caridad, el Boletín Oficial del Estado ha publicado el día 7 de junio las subvenciones concedidas por el Servicio Público de Empleo Estatal, correspondientes al 4º trimestre de 2011, destinadas a las Organizaciones sin ánimo de lucro, en las que predominan las siglas de UGT y CCOO.

La Junta de Andalucía viene publicando para el año 2006 y siguientes, las Órdenes por la que se aprueba los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención, cuyo contenido ha venido a ser refrendado especialmente por la nueva redacción otorgada al artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

No estamos anunciando la venta de viviendas a un precio más que asequible para los tiempos que corren, sino que estamos advirtiendo que toda aquella persona que haya comprado este tipo de vivienda, o que pudiera hacerlo, se puede encontrar con un problema de fiscalidad autonómica, ya que la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía, con toda seguridad, buscará esas escrituras para inspeccionarlas y en su caso, llevar a cabo las liquidaciones complementarias que correspondieran.

España como miembro de la Unión Europea, se incorpora al ordenamiento jurídico comunitario, y como no era menos, al sistema de garantía de depósitos confiados a las entidades de crédito. Todos los Países miembros de la Unión Europea, deben de tener regulado en su normativa, que los depósitos tanto en dinero como en valores o instrumentos financieros de los clientes y/o de los inversores.

La publicación en el Boletín Oficial del Estado del día 12 de mayo del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, no hace sino arrojar luz a lo que en la actualidad es prioridad del Gobierno, por necesidad, para paliar los efectos del pinchazo de la burbuja financiera que su puso su mirada en el sector inmobiliario.