Las Oficinas Liquidadoras de las Comunidades Autónomas, en su afán recaudatorio, tienen preparada su artillería legislativa publicando la normativa tributaria correspondiente para el año 2021 y anteriores, con el objeto de llevar a cabo la aplicación de los diferentes impuestos, tasas y tributos, tanto cedidos como propios.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública, con su ministra al frente, como autora material y los tecnócratas del Catastro como colaboradores necesarios, han llevado a cabo un complejo entramado de normativa jurídica para que con fecha 1 de enero de 2022 entre en vigor el valor de referencia de mercado para los bienes inmuebles urbanos y rústicos determinando el valor fiscal (base imponible) a efectos de liquidar o autoliquidar, tanto el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISyD) como el Impuesto de Patrimonio (IP), para todos aquellos inmuebles que tengan fijados y pueda ser certificado por el Catastro dicho valor de referencia, el cual ya se puede consultar por los titulares de dichos bienes inmuebles en la Sede Electrónica de Catastro.

Según recoge la Ley del IVA, en su artículo 20.Uno.20º) y 22º), las entregas inmobiliarias recogidas en los mismos estarán sujetas, pero exentas, por lo que en principio deberían tributar por el impuesto de ITPyAJD en su modalidad de TPO, pero si reúne unos ciertos requisitos, la LIVA permite la renuncia a la exención del IVA de manera que la operación no tributará por TPO, si no por IVA y por AJD (artículo 20.Dos).

Un año más las Oficinas Liquidadoras de las Comunidades Autónomas, en su afán recaudatorio, ponen en marcha su artillería legislativa aprobando la normativa tributaria correspondiente para el año 2020, con el objeto de llevar a cabo la aplicación de los diferentes impuestos, tasas y tributos, tanto cedidos como propios.

Los municipios que voluntariamente así lo han decidido, como también aquellos municipios con problemas de morosidad, en total 1092 municipios han visto actualizados sus valores catastrales, concretamente 1.005 municipios al alza y 87 municipios a la baja, para el año 2020, en función del año de efecto de sus Ponencias, según los coeficientes de actualización, que se regulan en el artículo 6 del Real Decreto-ley 18/2019, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral. (BOE nº 312 de 28 de diciembre de 2019), dejando abierta, nuevamente, en general, la caja de Pandora para una subida generalizada en la fiscalidad inmobiliaria en aquellos municipios que han solicitado al alza dichos coeficientes, tanto estatal, como autonómica y local, por parte de las diferentes Administraciones Tributarias.

Relación de municipios que se han acogido voluntariamente a la actualización de sus valores catastrales y coeficientes de actualización de dichos valores catastrales según lo regulado en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, todo ello de acuerdo al artículo 32.2. del Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004.

En el BOE nº 314 de fecha 29 de diciembre de 2018, se publica el Real Decreto 1518/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2019 del Plan Estadístico Nacional 2017-2020, que contiene la Estadística para fines Estatales, que han de efectuarse en dicho año por los servicios estadísticos de la Administración General del Estado o cualquiera de otras entidades de ellas dependientes.

Los municipios que voluntariamente así lo han decidido, como también aquellos municipios con problemas de morosidad, en total 728 municipios han visto actualizados sus valores catastrales, al alza o a la baja, para el año 2019, en función del año de efecto de sus Ponencias, según los coeficientes de actualización, que se regulan en el artículo 5 del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral. (BOE nº 314 de 29 de diciembre de 2018), dejando abierta, nuevamente, en general, la caja de Pandora para una subida generalizada en la fiscalidad inmobiliaria en aquellos municipios que han solicitado al alza dichos coeficientes, tanto estatal, como autonómica y local, por parte de las diferentes Administraciones Tributarias.