Seis meses y 17 días después ha tardado la Junta de Andalucía en publicar por fin la ORDEN de 9 de julio de 2014, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones; se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención.

Como ya sabemos el Sistema Tributario Español, en su mayoría, se basa en el valor catastral que tienen fijado los bienes inmuebles urbanos que han sido valorados por la Dirección General del Catastro, mediante la aprobación de la Ponencia de Valores en los diferentes municipios, atendiendo a los criterios de valoración recogidos en las mismas.

El Boletín Oficial de la Comunidad Canaria, ha publicado el 27 de junio de 2014, la LEY 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda, que fue aprobada por el Parlamento de dicha Comunidad con los datos favorables de los grupos Nacionalista y Socialista. Como anteriormente han legislado las Comunidades Autónomas de Andalucía y Navarra, Canarias también ha introducido en la ley a la que estamos haciendo referencia la expropiación temporal de los inmuebles de las entidades financieras que se hayan adjudicado en un procedimiento de ejecución hipotecaria.

Interesante Sentencia que ha sido dictada por el Tribunal Supremo desestimando el recurso de casación en interés de ley que había llevado a cabo el Abogado General del Estado y la Dirección General del Catastro contra la Sentencia dictada el día 26 de marzo de 2013 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el recurso contencioso-administrativo formulado por la Fundación Hija de Pepe Reyes, Dolores Bas de Arús sobre calificación catastral del suelo urbanizable sectorizado sin instrumento urbanístico de desarrollo, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El pleito ha sido llevado por el Letrado del Despacho Abogados Díaz-Ambrona, D. Luis Díaz-Ambrona Bardají, y como él mismo Letrado dice: "el impacto económico para algunos Ayuntamientos puede ser brutal".

La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la la Comunidad Andaluza, haciendo gala de una "inactividad" que entendemos injusta y antijurídica, a la fecha no ha publicado en el BOJA, la Orden por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor fiscal de los bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los impuestos cedidos, (ITP, AJD, e ISyD), para el año 2014.

Los distintos Planes Estatales de Vivienda contienen los criterios para fijar los tipos de interés efectivos de los planes anuales a conceder, así como, los criterios para su revisión, que deben ser aprobados en Consejo de Ministros y publicados posteriormente en el Boletín Oficial del Estado, a excepción de los tipos de interés del Plan Estatal 2009-2012, que están referenciados a Euribor más un diferencial entre el 0,25 y el 1,25.

Las Administraciones Tributarias, y entre ellas la de las Comunidades Autónomas, pueden llevar a cabo la revisión de los valores declarados por los contribuyentes, tanto en bienes inmuebles urbanos como rústicos, en base al art. 57 de la Ley General Tributaria, donde de detallan los medios de comprobación, que cuando se refiera a precios medios o a datos recogidos en registros oficiales, como es el Catastro Inmobiliario, deberán de estar aprobados y publicados en los respectivos Boletines Oficiales de cada Comunidad, todo ello para llevar a cabo las liquidaciones complementarias de los impuestos cedidos como son el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), Actos Jurídicos Documentados (AJD) e Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD).

La Agencia Tributaria de Andalucía ha publicado Resolución de 9 de abril de 2014, por la que se establecen los honorarios estandarizados para los peritos terceros que deban ser designados de acuerdo con lo previsto en la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (BOJA 21-04-2014), en aras a una mayor seguridad jurídica del contribuyente y en cumplimiento de la normativa vigente, en especial el artículo 161.4 del Reglamento General de Actuaciones y Procedimientos de Gestión de Inspección Tributaria, en el que determina "que la Administración Tributaria competente podrá establecer honorarios estandarizados para los peritos terceros que deban ser designados de acuerdo con lo previsto en el artículo 135.3 de dicha Ley General Tributaria".