Las diferentes Comunidades Autónomas han publicado o publicarán próximamente la normativa para el cálculo del valor real de los inmuebles, urbanos y rústicos, para el año 2014, con el objeto de la liquidación de los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP), Actos Jurídicos Documentados (AJD), así como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). Dicha normativa deberá ser publicada en los diferentes Boletines Oficiales de cada Comunidad Autónoma.

Podemos decir que somos muchos los que estamos atentos a lo concerniente a la actualidad jurídica en todas sus materias, dando a conocer dicha información y manifestando nuestra opinión, así como asesorando y orientando a todas aquellas personas que así lo deseen empleando para ello los medios telemáticos más idóneos, como son los portales webs y los blogs.

El BOE nº 296 de 11 de diciembre de 2013, publica la relación de municipios que han decidido "voluntariamente" acogerse a lo establecido en la normativa que últimamente se ha ido aprobando, y aplicar los coeficientes que serán aprobados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 a los valores catastrales, haciendo oídos sordos a la caída de los precios en el sector inmobiliario y abriendo la caja de Pandora para una subida generalizada en la fiscalidad inmobiliaria.

El pasado día 15 de noviembre, terminó el plazo para que los Ayuntamientos solicitaran a la Dirección General del Catastro acogerse a la aplicación de la actualización de los coeficientes de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos para su término municipal, coeficientes establecidos al efecto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año que viene, bien para el año 2014, o para el año 2014 y sucesivos, y hasta que la actualización de los valores catastrales del municipio se sitúen en un entorno homogéneo del 50% con respecto al valor del mercado, previa apreciación por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de la concurrencia de los requisitos legalmente establecidos.

En las relaciones de fiscalidad con la Administración Tributaria, uno de los temas más indefinidos y donde el Obligado Tributario y/o sujeto pasivo, se encuentra más indefenso es sin lugar a dudas, cuando un mismo hecho imponible, se sujeta tanto a IVA como a ITP, de una manera conjunta e indiscriminada, tanto por la Administración Tributaria Estatal, como por la Administración Tributaria Autonómica.

Estudiamos en este artículo una norma que ha estado presente desde hace mucho tiempo en las disposiciones reguladoras de la tasación, por lo cual, si se cumple determinados requisitos prevalece la valoración realizada por los interesados, o lo que es lo mismo, la Administración permite a los interesados declarar por segunda vez un nuevo valor que puede ser aceptado automáticamente por la misma.

Por fin, y gracias a los recursos interpuestos en los procedimientos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y cuyos fallos han sido estimatorios a favor del sujeto pasivo, en relación a las liquidaciones complementarias que lleva a cabo la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía basándose en el método de comprobación por aplicación de los coeficientes multiplicadores a valor catastral, podemos decir que el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, a partir de primero de este año, de una manera ya generalizada, y al asumir el criterio reiterado y seguido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, parece ser, que está estimando todas aquellas reclamaciones interpuestas, siempre y cuando que en el expediente de comprobación de valores enviado por la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía, no se haya determinado cómo se alcanza el valor catastral del inmueble actualizado a la fecha de trasmisión.

Como todos conocemos desde hace un tiempo y coincidiendo con la comienzo de la crisis económica actual, se están produciendo una serie de actuaciones llevadas a cabo por los titulares de los Órganos Judiciales, entiéndase, los Jueces de las diferentes Tribunales de Justicia en especial de lo civil y de lo mercantil relacionado con la protección de los consumidores, es decir, en defensa de los intereses de los titulares de préstamos hipotecarios, de préstamos personales, de préstamos de pólizas de crédito, etc, en sus relaciones con las entidades bancarias, basándose en que los jueces están sujeto única y exclusivamente al imperio de la Ley. Prueba de ello lo encontramos en las Ponencias elaboradas y expuestas por el joven Juez de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Marchena D. Manuel Ruíz de Lara, en el Encuentro Interterritorial de Jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura, celebrado durante los días 19 y 20 de septiembre de 2013 en Zaragoza.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 8 de octubre de 2013, ha publicado la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, para de esta manera, intentar dar un requiebro al Gobierno Central y poner otra vez en vigor, jurídicamente hablando, los artículos 1.3. y 53.1. de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, y la disposición adicional segunda del Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, que había sido recurrido por el Gobierno Central al Tribunal Constitucional, y que ha sido admitido a trámite.

Es importante conocer por los sujetos pasivos de las diferentes Agencias Tributarias de las Comunidades Autónomas, que reciban liquidaciones complementarias y expediente de comprobación de valores de bienes inmuebles urbanos, en base al artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria, que se basa en la aplicación de coeficientes aplicables al valor catastral, que dicho método de valoración, según nuestro criterio, NO ES EL ADECUADO, cuando ha pasado más de 10 años desde la entrada en vigor de la Ponencia de Valores en su municipio, por lo que pueden alegar dicho motivo, entre otros, si se lleva a cabo el recurso correspondiente, solicitando la anulación de dicha liquidación complementaria.

El pasado 28 de septiembre fue publicada la Ley 14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que cuenta entre sus principales medidas una serie de novedades para el empresario con las cuales pretende facilitarle, no solamente, el inicio, ejercicio y cese de su actividad, sino también, con limitaciones, que su responsabilidad y la acción del acreedor no alcance su vivienda habitual, en los momentos de crisis económica en los que estamos inmersos.