Es frecuente y comprensible que ante una notificación de expediente de comprobación de valores y liquidación complementaria definitiva para su pago, por parte de las Agencias Tributarias de las diferentes Comunidades Autónomas, el sujeto pasivo, contribuyente u obligado tributario, no sepa como actuar ante el contenido de las notificaciones recibidas, en especial de lo que en el argot administrativo se llama "pie de página", donde se refleja la información general sobre las liquidaciones del impuesto, cómo se ha obtenido el valor comprobado por la Administración; los recursos que se pueden llevar a cabo y los plazos para los mismos; cómo llevar a cabo la suspensión del ingreso de las liquidaciones practicadas sin necesidad de aportar aval; la solicitud de la tasación pericial contradictoria; la solicitud del aplazamiento y fraccionamiento de la cuota a pagar, etc.

Anteriormente, ya fueron, que sepamos, los Tribunales Superiores de Justicia de la Sala de lo Contencioso de Cataluña, Burgos, Valencia, Andalucía (Sede Granada), Murcia, y ahora se une a ellos el de Extremadura, los que han estimado los recursos que promovieron diferentes entidades bancarias, en el sentido de fijar como doctrina en sus respectivas salas de que ante una operación de subrogación en el préstamo con garantía hipotecaria y constitución de fianza, se produce un solo hecho imponible gravado por Actos Jurídicos Documentados de forma unitaria, que sería el préstamo hipotecario, evitándose así la doble imposición al no tener que tributar por la garantía que se presta por los avalistas.

Interesante Auto, el que ha sido dictado por el Juez de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Marchena, D. Manuel Ruiz de Lara, presentando una cuestión prejudicial comunitaria ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa, en el que se pregunta si los jueces nacionales a raíz de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, están facultados sólo para moderar y no para anular los intereses moratorios abusivos en los procedimientos ejecutivos hipotecarios de la vivienda habitual, ya que si eso fuera así, estaría contraviniendo lo dispuesto en la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores.

El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía emite Resolución de fecha 14 de junio de 2013 (Reclamación 53-00224-2013), anulando una liquidación complementaria llevada a cabo por la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía, Oficina Liquidadora de Jerez de la Frontera, basándose en la falta de motivación en lo relativo al valor catastral actualizado, para llevar a cabo el valor real del inmueble por aplicación de los coeficientes multiplicadores al valor catastral para determinar dicho valor.

Hasta ahora todas aquellas personas y/o contribuyentes vulnerables que venimos recurriendo los diferentes actos de la Agencia Tributaria, tanto en gestión como liquidación, inspección y sanciones teníamos, entre otros, podemos tener cien razones para recurrir los mismos, a partir de ahora también tenemos un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, parece ser que con fecha 17 de mayo de 2013, en el que plantea una cuestión de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley 2/2013, de 12 de marzo del Gobierno Andaluz que acordó convalidar todos los actos administrativos de la Agencia Tributaria de Andalucía, tras la aprobación de los Estatutos de esta entidad y que fueron anulados por otra sentencia del alto Tribunal Andaluz.

En cumplimiento de la Disposición adicional tercera de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, y siguiendo el mandato contenido en el artículo 20 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, que establece que el Banco de España elaborará esta guía, con la finalidad de que quienes demanden servicios bancarios de préstamo hipotecario dispongan de información adecuada, antes de la formalización de los mismos, para adoptar sus decisiones de financiación.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado con fecha 12 de julio de 2013, en el BOE nº 166, la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del recurso promovido por el Presidente del Gobierno contra parte de la normativa de la Ley 1/2010 de 8 de marzo reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, que ya había sido rechazada por diferentes asociaciones y organizaciones, tanto de Andalucía como del resto de España, entendiendo las mismas que se atentaba a la propiedad privada, y se daba pie a que las Comunidades Autónomas, siguiendo a la Comunidad Andaluza llevara a cabo una regulación y publicación de normativa propia, que, no se ajustara a los principios de la Constitución Española en esta materia.

Hace días publicamos una noticia en el sentido de dar a conocer la posibilidad de que en las autoliquidaciones que se lleven a cabo por trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentos, en el que se fije como base imponible un valor que no se ajustase a lo que recogía el artículo 10.1. de la Ley del Impuesto sobre Patrimonio, en especial inferior al valor catastral, el sujeto pasivo de la operación de compraventa podía recibir una propuesta de sanción, pero queremos ahora informar, a nuestro entender, de cómo se puede llevar, una vez realizada la autoliquidación inicial, una autoliquidación complementaria, fijando dicho valor catastral o un valor superior como base imponible, antes de que se reciba cualquier notificación de la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma para evitar dicha sanción.

Entendemos que las cañas se han convertido en lanzas cuando se lee con detenimiento, no sólo la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo, sino también el Auto de Aclaración de fecha 3 de junio, en el que declaró nulas las cláusulas suelo de las entidades bancarias BBVA, Cajamar y Novacaixagalicia, ya que con la lectura de dichos documentos se puede comprobar que no repercuten ni vinculan a las cláusulas suelo de las restantes entidades bancarias, ya incluidas en préstamos formalizados, sino lo que es más grave aún, las que se formalicen a partir de la fecha del Auto de Aclaración.