El Boletín Oficial nº 200 del Parlamento de Andalucía, de fecha 11 de abril de 2013, ha publicado el informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz correspondiente a la gestión realizada por dicha Institución durante el año 2012, sobre diversas materias que se derivan de quejas llevadas a cabo por los ciudadanos. Nosotros queremos fijar nuestra atención en algunos aspectos relacionados con la Vivienda y con la Administración Tributaria, en especial con los procedimientos de comprobación de los valores de los bienes inmuebles.

Desde este portal estamos manteniendo una postura firme en cuanto a la defensa que deben de llevar a cabo los contribuyentes relacionadas con las liquidaciones complementarias, derivadas de expedientes de comprobación de valores, llevadas a cabo por las Agencias Tributarias de las Comunidades Autónomas, entre las que se encuentran la Comunidad Autónoma Andaluza, y en especial en el medio empleado, consistente en la aplicación de las Órdenes por las que se publican los coeficientes aplicables a los valores catastrales a efectos del cálculo del valor comprobado en la liquidación de los impuestos cedidos de Trasmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, e Impuestos de Sucesiones y Donaciones, que son utilizadas como si de patente de corso se tratara, con el solo fin de un afán recaudatorio, y lo que todavía lo agrava más es el oscurantismo y la falta de trasparencia en cuanto a la metodología empleada para la obtención de los coeficientes multiplicadores y que se acompaña con la publicación de dichas Órdenes, anualmente.

Los contribuyentes que así lo deseen ya pueden desde el día 2 de abril, solicitar, confirmar y/o modificar el borrador de la declaración de la Renta para el año 2012. Desde este portal estaremos atentos a la Campaña de la Renta y Patrimonio 2012, y publicaremos todos aquellos artículos que creamos interesantes para nuestros usuarios, y así mismo entraremos a detallar, la tributación referida al campo inmobiliario, en especial a la compra de la vivienda.

Mucho se está hablando y escribiendo sobre la improcedencia de las tasas judiciales en los procedimientos civiles, contenciosos y sociales, pero casi nada de las costas procesales (entiéndase honorarios y aranceles) que cobran abogados y procuradores, y por supuesto nada hemos oído de que se haya informado a aquellas personas que interpongan un recurso contra el Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso Administrativo contra las resoluciones de los Tribunales Económicos Administrativos Regionales en materia de tributos cedidos, Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales (ITP), y Actos Jurídicos Documentados (AJD) e Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que en caso de desestimación de sus pretensiones tendrán que pagar no sólo los honorarios de su abogado y procurador, sino también las costas del abogado del Estado, así como, del abogado de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Recuerde, si ha comprado una vivienda en el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, no dude que recibirá de las Oficinas Liquidadoras de las correspondientes Comunidades Autónomas para su pago, una liquidación complementaria por el valor comprobado por dicha Administración, basada en un expediente de comprobación de valores de dudosa legalidad y sobre todo de un contenido farragoso y poco transparente.

Las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas llevan a cabo la comprobación de los valores de los bienes inmuebles urbanos, por los medios establecidos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, General Tributaria. Como ya sabemos por artículos anteriores, el medio de comprobación de valores más usado es el recogido en el artículo 57.1.b. Estimación por referencia a los valores que figuren en los Registros de carácter fiscal, que tratándose de bienes inmuebles se tomará como referencia el Catastro Inmobiliario, es decir, aplicar a los valores catastrales unos coeficientes que son publicados en los boletines oficiales de las diferentes Comunidades en base, fundamentalmente, a la evolución del mercado inmobiliario en relación con los valores catastrales aprobados en la Ponencia, es decir, los coeficientes multiplicadores del valor catastral (CMVC).

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado el 13 de marzo de 2013, el Decreto Ley 2/2013 de 12 de marzo, por el que se confirman (convalida) determinados actos de la Agencia Tributaria de Andalucía. Recordemos que en su día el Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía que fue aprobado mediante Decreto 324/2009, fue declarado nulo, tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como por el Tribunal Supremo. Esto conllevó a que todos los actos que fueron dictados por las Coordinadoras Territoriales de la Agencia Tributaria de Andalucía, que fueron creados por el Estatuto de la Agencia Tributaria, desde el 15 de septiembre de 2009 hasta 26 de enero de 2012, pudieran ser recurridos, tanto en vía administrativa como en contenciosa-administrativa, y ser declarados anulables.

Con la publicación en las diferentes Comunidades Autónomas, que así lo tienen dispuesto, para el año 2013 de las Órdenes que fijan los coeficientes aplicables a los valores catastrales para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, se hace necesario conocer los umbrales de los valores catastrales para aquellas viviendas que se adquieran y puedan acogerse a los tipos reducidos por parte de los compradores.