Hoy en día la mayoría de las liquidaciones complementarias que las Oficinas Coordinadoras de la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía, envía a los sujetos pasivos y/o obligados tributarios está referida a los expedientes de comprobación de valores y liquidación complementaria, llevada a cabo por los medios de comprobación que dicha Administración Tributaria tiene facultada para fijar los valores comprobados.

El Despacho del Abogado Mauro Guillem Posadas en colaboración con el economista Manuel Campanero Carrasco, de la firma de consultoría dcabo+campanero, nos mandan un informe preliminar sobre la posible transcendencia tributaria que para la Junta de Andalucía puede tener el recurso interpuesto por el Despacho Mariano Aguayo Abogados a instancia del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA) contra la aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía que fueron publicados en el BOJA del 14 de septiembre de 2009 mediante el Decreto 324/2009, y que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como el Tribunal Supremo ha declarado nulos de pleno derecho.

En otras ocasiones y desde este portal hemos comentado sobre las actuaciones de la Administración Tributaria llevada a cabo para combatir el fraude fiscal, llegando a algunas de las conclusión de la Sentencia de la Audiencia Nacional de la Sala de lo Contencioso, nº de Recurso 320/2007, en la que se afirma que la lucha contra el fraude requería dos conductas inequívocas por parte del Estado: la primera pedagógica, exige un comportamiento riguroso en la Gestión Pública, y la segunda correctiva, que la Administración Tributaria se dedique con voluntad y esfuerzo de combatir el fraude en el lugar de ocuparse en la cómoda tarea de interpretar los hechos declarados.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emite Sentencia de fecha 28 de junio de 2012 (Recurso 737/2011), anulando una liquidación complementaria llevada a cabo por la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía, basándose en la aplicación de los coeficientes multiplicadores al valor catastral para determinar el valor real de los bienes inmuebles, por falta de motivación en la determinación de los valores catastrales actualizados.

Desde este portal siempre hemos mantenido, que el artículo 57 de la Ley General Tributaria, referido a la comprobación de valores, estaba siendo aplicado por la Administración Tributaria, sobre todo, autonómica a efectos de girar un sin fin, de liquidaciones complementarias contra los sujetos pasivos u obligados tributarios, de una manera indiscriminada y fuera del ordenamiento jurídico, basándose en Dictámenes sin fundamento ni motivación alguna de los Peritos al servicios de las dichas Administraciones.

El pasado 6 de junio de 2012, el Boletín Oficial del Parlamento Andaluz en su número 18, publicó el Informe Anual del Defensor del Pueblo Andaluz correspondiente al año 2011, y referido a diversas materias, entre las que no podían faltar la Vivienda relacionada con la Administración Tributaria.

La Junta de Andalucía viene publicando para el año 2006 y siguientes, las Órdenes por la que se aprueba los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención, cuyo contenido ha venido a ser refrendado especialmente por la nueva redacción otorgada al artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

No estamos anunciando la venta de viviendas a un precio más que asequible para los tiempos que corren, sino que estamos advirtiendo que toda aquella persona que haya comprado este tipo de vivienda, o que pudiera hacerlo, se puede encontrar con un problema de fiscalidad autonómica, ya que la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía, con toda seguridad, buscará esas escrituras para inspeccionarlas y en su caso, llevar a cabo las liquidaciones complementarias que correspondieran.

Una Orden Andaluza que debe de justificarse en orden a la seguridad jurídica del contribuyente.