El Boletín Oficial nº 200 del Parlamento de Andalucía, de fecha 11 de abril de 2013, ha publicado el informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz correspondiente a la gestión realizada por dicha Institución durante el año 2012, sobre diversas materias que se derivan de quejas llevadas a cabo por los ciudadanos. Nosotros queremos fijar nuestra atención en algunos aspectos relacionados con la Vivienda y con la Administración Tributaria, en especial con los procedimientos de comprobación de los valores de los bienes inmuebles.

Desde este portal estamos manteniendo una postura firme en cuanto a la defensa que deben de llevar a cabo los contribuyentes relacionadas con las liquidaciones complementarias, derivadas de expedientes de comprobación de valores, llevadas a cabo por las Agencias Tributarias de las Comunidades Autónomas, entre las que se encuentran la Comunidad Autónoma Andaluza, y en especial en el medio empleado, consistente en la aplicación de las Órdenes por las que se publican los coeficientes aplicables a los valores catastrales a efectos del cálculo del valor comprobado en la liquidación de los impuestos cedidos de Trasmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, e Impuestos de Sucesiones y Donaciones, que son utilizadas como si de patente de corso se tratara, con el solo fin de un afán recaudatorio, y lo que todavía lo agrava más es el oscurantismo y la falta de trasparencia en cuanto a la metodología empleada para la obtención de los coeficientes multiplicadores y que se acompaña con la publicación de dichas Órdenes, anualmente.

Mucho se está hablando y escribiendo sobre la improcedencia de las tasas judiciales en los procedimientos civiles, contenciosos y sociales, pero casi nada de las costas procesales (entiéndase honorarios y aranceles) que cobran abogados y procuradores, y por supuesto nada hemos oído de que se haya informado a aquellas personas que interpongan un recurso contra el Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso Administrativo contra las resoluciones de los Tribunales Económicos Administrativos Regionales en materia de tributos cedidos, Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales (ITP), y Actos Jurídicos Documentados (AJD) e Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que en caso de desestimación de sus pretensiones tendrán que pagar no sólo los honorarios de su abogado y procurador, sino también las costas del abogado del Estado, así como, del abogado de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Recuerde, si ha comprado una vivienda en el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, no dude que recibirá de las Oficinas Liquidadoras de las correspondientes Comunidades Autónomas para su pago, una liquidación complementaria por el valor comprobado por dicha Administración, basada en un expediente de comprobación de valores de dudosa legalidad y sobre todo de un contenido farragoso y poco transparente.

Las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas llevan a cabo la comprobación de los valores de los bienes inmuebles urbanos, por los medios establecidos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, General Tributaria. Como ya sabemos por artículos anteriores, el medio de comprobación de valores más usado es el recogido en el artículo 57.1.b. Estimación por referencia a los valores que figuren en los Registros de carácter fiscal, que tratándose de bienes inmuebles se tomará como referencia el Catastro Inmobiliario, es decir, aplicar a los valores catastrales unos coeficientes que son publicados en los boletines oficiales de las diferentes Comunidades en base, fundamentalmente, a la evolución del mercado inmobiliario en relación con los valores catastrales aprobados en la Ponencia, es decir, los coeficientes multiplicadores del valor catastral (CMVC).

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado el 13 de marzo de 2013, el Decreto Ley 2/2013 de 12 de marzo, por el que se confirman (convalida) determinados actos de la Agencia Tributaria de Andalucía. Recordemos que en su día el Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía que fue aprobado mediante Decreto 324/2009, fue declarado nulo, tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como por el Tribunal Supremo. Esto conllevó a que todos los actos que fueron dictados por las Coordinadoras Territoriales de la Agencia Tributaria de Andalucía, que fueron creados por el Estatuto de la Agencia Tributaria, desde el 15 de septiembre de 2009 hasta 26 de enero de 2012, pudieran ser recurridos, tanto en vía administrativa como en contenciosa-administrativa, y ser declarados anulables.

Con la publicación en las diferentes Comunidades Autónomas, que así lo tienen dispuesto, para el año 2013 de las Órdenes que fijan los coeficientes aplicables a los valores catastrales para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, se hace necesario conocer los umbrales de los valores catastrales para aquellas viviendas que se adquieran y puedan acogerse a los tipos reducidos por parte de los compradores.

Con la entrada en vigor del año nuevo, la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, vuelve como en años anteriores a prorrogar la Orden vigente para el año 2012, y hasta tanto publique oficialmente la referida Orden por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral de una manera oficial para el año 2013, con el consiguiente perjuicio económico al contribuyente que debe de aplicar unos coeficientes que no recogen la realidad del mercado inmobiliario durante el año 2012, que como todo el mundo sabe ha sido el año en el que el precio de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, y en especial la vivienda ha sufrido una baja generalizada.

Como ya conocen nuestros usuarios, las liquidaciones complementarias que con más frecuencia la Agencia Tributaria de las Comunidades Autónomas envía a los contribuyentes vienen dadas por las comprobaciones de valores, y el incremento de base imponible del valor declarado y el valor comprobado, según los diferentes medios de comprobación. También conocemos que una vez puesto en conocimiento las actuaciones de liquidación de la Agencia Tributaria de las Comunidades Autónomas el contribuyente tiene la facultad de recurrir el expediente de comprobación de valores, así como, la liquidación complementaria potestativamente, bien al Órgano de Gestión de las Delegaciones Territoriales o bien al Tribunal Económicos Administrativo Regional, siempre teniendo en cuenta que debemos de solicitar que nos reservarnos el derecho a promover la tasación pericial contradictoria, para llevar a cabo la suspensión automática del pago de la liquidación complementaria.

El fin de la deducción por adquisición de la vivienda habitual a partir del 1 de enero de 2013, así como, la subida del IVA del 4% al 10%, están impulsando la compraventa de viviendas, tanto usadas como nuevas. Así mismo, el precio de las viviendas lleva acumulado una rebaja general en el año 2012 cercano al 33%, y la publicidad de las Entidades Bancarias ofrecen viviendas hasta con una rebaja del 60%.

Para aquellas personas interesadas en la materia que estaban expectantes sobre el contenido de nuestro artículo publicado en nuestro portal de fecha 11 de octubre de 2012, en el sentido de que el Tribunal Económico Administrativo de Andalucía (TEAR) declarara anulables los actos de las Coordinadoras Territoriales, publicamos la primera sentencia que ha llegado a nuestras manos, enviada por el Despacho de Abogados de D. Mauro Guillem Posadas, en la que el Tribunal Económico Administrativo de Andalucía con fecha 19 de octubre de 2012, actuando de Presidente D. Miguel Fernández de Quincoces Benjumea, dicta Resolución Estimatoria y anulando el acto impugnado que había sido acordado por la Coordinación Territorial de la Agencia Tributaria de Andalucía.