Anteriormente, ya fueron, que sepamos, los Tribunales Superiores de Justicia de la Sala de lo Contencioso de Cataluña, Burgos, Valencia, Andalucía (Sede Granada), Murcia, y ahora se une a ellos el de Extremadura, los que han estimado los recursos que promovieron diferentes entidades bancarias, en el sentido de fijar como doctrina en sus respectivas salas de que ante una operación de subrogación en el préstamo con garantía hipotecaria y constitución de fianza, se produce un solo hecho imponible gravado por Actos Jurídicos Documentados de forma unitaria, que sería el préstamo hipotecario, evitándose así la doble imposición al no tener que tributar por la garantía que se presta por los avalistas.

Interesante Auto, el que ha sido dictado por el Juez de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Marchena, D. Manuel Ruiz de Lara, presentando una cuestión prejudicial comunitaria ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa, en el que se pregunta si los jueces nacionales a raíz de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, están facultados sólo para moderar y no para anular los intereses moratorios abusivos en los procedimientos ejecutivos hipotecarios de la vivienda habitual, ya que si eso fuera así, estaría contraviniendo lo dispuesto en la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado con fecha 12 de julio de 2013, en el BOE nº 166, la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del recurso promovido por el Presidente del Gobierno contra parte de la normativa de la Ley 1/2010 de 8 de marzo reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, que ya había sido rechazada por diferentes asociaciones y organizaciones, tanto de Andalucía como del resto de España, entendiendo las mismas que se atentaba a la propiedad privada, y se daba pie a que las Comunidades Autónomas, siguiendo a la Comunidad Andaluza llevara a cabo una regulación y publicación de normativa propia, que, no se ajustara a los principios de la Constitución Española en esta materia.

Entendemos que las cañas se han convertido en lanzas cuando se lee con detenimiento, no sólo la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo, sino también el Auto de Aclaración de fecha 3 de junio, en el que declaró nulas las cláusulas suelo de las entidades bancarias BBVA, Cajamar y Novacaixagalicia, ya que con la lectura de dichos documentos se puede comprobar que no repercuten ni vinculan a las cláusulas suelo de las restantes entidades bancarias, ya incluidas en préstamos formalizados, sino lo que es más grave aún, las que se formalicen a partir de la fecha del Auto de Aclaración.

Lo que ya se preveía se ha confirmado, asestando un golpe prácticamente definitivo a la cláusula suelo de las hipotecas. El Tribunal Supremo, mediante un Auto de Aclaración de fecha 3 de junio de 2013, en el que ha actuado como Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos ha confirmado la nulidad de las cláusulas suelo, como ya se recogía en una Sentencia del 9 de mayo. BBVA, Cajamar y Novacaixagalicia pidieron la aclaración del fallo que las condenaba.

Con fecha 5 de junio de 2013, ha sido publicada en el BOE la Ley 4/2013 de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, que apuesta por el mercado de alquiler en España para que sea una alternativa eficaz al mercado de la propiedad y que junto al Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, y al Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regenaración y Renovación Urbanas, que se está tramitando para su aprobación en breve, constituirán los principales ejes sobre los que se asienta la nueva política de vivienda del Gobierno, para dinamizar el mercado del alquiler y conseguir atraer al mismo una mayor oferta de viviendas actualmente vacías.

El 1 de junio de 2013, ha entrado en vigor la obligatoriedad de llevar a cabo el certificado de eficiencia energética de los edificios, regulado en el Real Decreto 235/2013, en cumplimiento de la normativa Europea 2010/31 del Parlamento Europeo y del Consejo, y de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, en su artículo 83 y siguientes, pero el incumplimiento de esta obligación "no determina como es obvio, la invalidez o ineficacia del negocio de venta o arrendamiento, ni faculta al Notario a negarse a autorizar el documento", tal como viene perfectamente explicado y desarrollado en la nota informativa que han recibido los Notarios por parte del Consejo General del Notariado.

En las relaciones con la Agencia Estatal Tributaria, las Agencias Tributarias Autonómicas, y las Consejerías de Fomento y Vivienda, el comprador o compradores de la vivienda para su domicilio habitual y permanente, en caso de comprobación por las Administraciones de este hecho, deberán de acreditarlo, ya que de lo contrario, recibirán notificaciones de las mismas para hacer frente a unas liquidaciones complementarias

Durante los últimos meses se ha venido produciendo por parte del Gobierno Andaluz la aprobación de una normativa, cuyo fin en principio, y por los títulos y exposición de motivos de la misma, daba a entender que se daba respuesta al problema de la vivienda que actualmente se padece en Andalucía, y a tener una vivienda digna y adecuada. Sin embargo, y si leemos detenidamente la normativa aprobada últimamente, de la misma se desprende que por ahora no se lleva a cabo ninguna medida en concreto, sino lo que se hace es legislar para volver a afrontar las posibles soluciones de aquí a un año vista.

Como era predecible y a consecuencia de la dinámica del mercado inmobiliario, y según se desprende de la nota de prensa publicada por el INE el 09 de agosto de 2012, y relativa a la estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad, en junio de 2012, se transmitieron 130.294 fincas, un 8,1% menos que en el mismo mes del año anterior, y se registraron 25.405 compraventas de viviendas, con un descenso interanual del 11,4%.