El Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía en un reciente acuerdo, ha venido a estimar una reclamación de un propietario de suelo urbanizable (rústico) sin desarrollo, que antes de la entrada en vigor de la Ley 13/2015, recurrió la valoración fijada por la Gerencia Territorial del Catastro en base a las Ponencias aprobadas en el año 2006, alegando "la naturaleza rústica del suelo del inmueble clasificado como suelo urbanizable sin que se hubiera iniciado su desarrollo....."

El 13 de abril de 1970, el astronauta Jack Swigert durante el accidentado viaje del Apolo 13, inmediatemente después de observar una luz de advertencia acompañada de un estallido, pronunció "HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA".

Hemos visto como la prensa se ha hecho eco a bombo y platillo de la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid, en la que se declaran nulas cláusulas suelo de créditos hipotecarios de diversas entidades bancarias, pero no hemos visto referencia alguna, a que el Juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha admitido a trámite una querella presentada por dos particulares contra Cajamadrid (Bankia) por la concesión sistemática de préstamos hipotecarios con tasaciones hipotecarias sobrevaloradas entre 2003 y 2009, tasaciones hipotecarias que sin lugar a dudas han servido de patentes de corso a las Oficinas Liquidadoras de las Comunidades Autónomas, para justificar y llevar a cabo liquidaciones complementarias desproporcionadas con mero afán recaudatorio, y olvidándose del principio de seguridad jurídica que debe regir entre las Administraciones y los Administrados, y en este caso contra los "contribuyentes vulnerables".

Nueva Sentencia de los Tribunales y en este caso del Tribunal Supremo de fecha 18 de enero 2016, Nº de Recurso 3379/2014 y en unificación de Doctrina de la que ha sido ponente D. Emilio Frías Ponce, en el que vueve a dar un varapalo a los medios empleados por las Administraciones Tributarias y recogidos en el artículo 57.1. de la LGT, y en este caso, en concreto a las comprobaciones de valores basadas en los dictámenes de los peritos de la Administración.

El pasado 15 de febrero de 2016, ha salido publicada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en relación a una comprobación de valores llevada a cabo por la Orden 4/2014, de 28 febrero, en la que se declara la nulidad de la misma y por tanto, “su expulsión del ordenamiento jurídico”.

La nueva Junta de Gobierno de la FEMP presidida por D. Ángel Caballero (PSOE), Alcalde de Vigo, deberá con carácter de urgencia reunir a los Alcaldes y Presidentes de Diputaciones, integrados en la misma y explicarle de una manera clara y sucinta que el tiempo de los “pelotazos especulativos” en la liquidación de los impuestos municipales (IBI y Plusvalía) referidos a los suelos urbanizables sin planeamiento, no sólo ha pasado a la historia, si no que tendrán que hacer frente a innumerables recursos que podrían suponerle la devolución a los contribuyentes de importantes sumas por ingresos indebidos.

Para muchos Ayuntamientos, el año 2015 puede marcar un antes y un después, en la elaboración de los Presupuestos de los mismos debido a la valoración de los suelos urbanizables sin Planeamiento aprobado para su desarrollo, que ha de llevarse a cabo debido a la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 y a la Reforma del Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario llevada a cabo por la Ley 13/2015, que le hará reducir drásticamente los ingresos previstos para los impuestos directos, entiéndase IBI y Plusvalía Municipal.

Un contribuyente comprador de una vivienda para domicilio habitual, que tuvo la valentía de aplicar en su IRPF de 2007, la exención por reinversión en vivienda habitual, y recurrir las liquidaciones complementarias que le fueron notificadas por la Agencia Estatal Tributaria, ha logrado que con fecha 11 de septiembre de 2014, el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), desestimando el recurso llevado a cabo por la directora del Departamento de Gestión de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, fije un nuevo criterio a la hora de determinar la exención de las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto en la trasmisión de una vivienda habitual, cuando la nueva vivienda habitual se adquirió en los dos años anteriores a la trasmisión de aquella, y la misma fue pagada con fondos propios.

Interesante Sentencia que ha sido dictada por el Tribunal Supremo desestimando el recurso de casación en interés de ley que había llevado a cabo el Abogado General del Estado y la Dirección General del Catastro contra la Sentencia dictada el día 26 de marzo de 2013 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el recurso contencioso-administrativo formulado por la Fundación Hija de Pepe Reyes, Dolores Bas de Arús sobre calificación catastral del suelo urbanizable sectorizado sin instrumento urbanístico de desarrollo, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El pleito ha sido llevado por el Letrado del Despacho Abogados Díaz-Ambrona, D. Luis Díaz-Ambrona Bardají, y como él mismo Letrado dice: "el impacto económico para algunos Ayuntamientos puede ser brutal".

En las relaciones de fiscalidad con la Administración Tributaria, uno de los temas más indefinidos y donde el Obligado Tributario y/o sujeto pasivo, se encuentra más indefenso es sin lugar a dudas, cuando un mismo hecho imponible, se sujeta tanto a IVA como a ITP, de una manera conjunta e indiscriminada, tanto por la Administración Tributaria Estatal, como por la Administración Tributaria Autonómica.

Interesante Auto, el que ha sido dictado por el Juez de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Marchena, D. Manuel Ruiz de Lara, presentando una cuestión prejudicial comunitaria ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa, en el que se pregunta si los jueces nacionales a raíz de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, están facultados sólo para moderar y no para anular los intereses moratorios abusivos en los procedimientos ejecutivos hipotecarios de la vivienda habitual, ya que si eso fuera así, estaría contraviniendo lo dispuesto en la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores.